Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– El grupo de trabajo que investigó la Alerta de Violencia de Genero (AVG) en Guanajuato concluyó en parte de su informe que “existe un conjunto de conductas misóginas que producen violencia extrema contra las mujeres, principalmente, en el ámbito familiar, las cuales en muchas ocasiones, son reproducidas por las autoridades estatales al minimizar la gravedad del fenómeno de violencia familiar”.

“El incumplimiento de la obligación de prevenir la violación a los derechos humanos de las mujeres por parte de las autoridades estatales, deriva de que a pesar de tener conocimiento de la existencia de un riesgo real e inminente para la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres en el ámbito familiar, no han tomado las medidas necesarias dentro de la esfera de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podrían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo”, dice el informe difundido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en días pasados.

El grupo de trabajo se conformó por representantes del gobierno federal y estatal así como académicos y especialistas. Inmujeres designó a María Guadalupe Díaz Estrada, Directora General de Transversalización de la Perspectiva de Género para integrar el grupo. Por parte del Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG), se eligió a Alma Fabiola Flores Castillo, Coordinadora de Asuntos Jurídicos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos designó a Carlos Villaseñor Navarro como su representante.

Como parte de una convocatoria y “con la finalidad de incorporar a las y los expertos necesarios para garantizar la representación, pluralidad, imparcialidad, transparencia, de los trabajos realizados por el grupo de trabajo” se seleccionó por unanimidad a Carlos Javier Echarri Cánovas y Cynthia Galicia Mendoza, representantes de El Colegio de México; y a Yessica Ivet Cienfuegos Martínez y Rosalba Vázquez Valenzuela por parte de la Universidad de Guanajuato.

El “Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Guanajuato”, da cuenta de cómo las “atenciones” de la Secretaría de Salud a mujeres lesionadas por violencia intrafamiliar subieron en 234 por ciento del 2010 al 2013, mientras que las atenciones por violencia no familiar lo hicieron en un 111 por ciento.

También se informa que en esos tres años la violencia física aumentó en 102 por ciento; la sexual en 142 por ciento y la psicológica en 218 por ciento.

A su vez, se reportó una reincidencia en las agresiones contra las mujeres. Según el documento hubo repetición en el 54.1 por ciento  de los casos de violencia física, en casi dos terceras partes de los casos de violencia sexual, y en cuatro de cada ocho de los casos de violencia psicológica.

Las cifras corresponden a 23 de los 46 municipios de Guanajuato, incluyendo la capital, León, Salamanca, Irapuato y Celaya, los cuales son considerados dentro de la solicitud de Alerta de Género.

En este contexto, el pasado 12 de julio el Gobernador Miguel Márquez Márquez –quien tiene 6 meses para acatar las 13 recomendaciones que el gobierno federal le hizo antes de declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Guanajuato– reconoció que en esa entidad existe “una cultura machista”. Sin embargo, el informe publicado por Inmujeres demuestra que esto es sólo una parte de la violencia que enfrentan las mujeres día a día en ese estado.

Los datos que da a conocer la Secretaría de Salud, a través del Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia, refieren que en el mismo periodo de tiempo se atendieron 111 mil 798 casos de Violencia Familiar o Sexual en todo el estado, de los cuales 79 mil 38 ocurrieron en los municipios antes mencionados.

“Es importante recalcar que a lo largo del análisis se habla de ‘atenciones’, puesto que una misma persona puede haber sido atendida en más de una ocasión”, dice el informe al respecto.

Estas cifras, dice el grupo, contrastan con los 15 mil 30 casos de violencia contra la mujer atendidos en 2013, mencionados en la respuesta del gobierno del estado de Guanajuato en la cual no se especifica su intencionalidad. Según el informe, las cifras oficiales representan la mitad de las atenciones a mujeres brindadas en 2013.

Referente a la violencia familiar, se informa que a nivel nacional Guanajuato ocupa el primer lugar en 2010, el segundo en 2011 y de nuevo el primero en 2012 y 2013 en este tipo de violencia. En violencia no familiar, tiene el segundo lugar en 2010, el tercero en 2011 y el segundo en 2012 y 2013.

El grupo de trabajo, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos, señaló que el Estado “puede ser responsable por actos privados si no adopta medidas con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos humanos de las mujeres”.

El documento indica que aunque existe un incremento en el número de defunciones de mujeres con presunción de homicidio en el estado,”no existen cifras consistentes respecto de la muerte de las mujeres en la entidad, ya sea por homicidio o feminicidio”.

Las únicas cifras que se dan a conocer sobre “defunciones de mujeres con presunción de homicidio” en el estado son recopiladas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Secretaría de Salud, las cuales dan cuenta de 606 asesinatos de mujeres desde el 2000 a marzo de presente año.

El informe que difunde Inmujeres, refiere que “existe un incremento en el número de defunciones de mujeres con presunción de homicidio en el estado de Guanajuato. Igualmente, se puede notar que los medios usados en estas agresiones son  […] el uso de ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, que el de las armas de fuego, el cual es el medio mas usado a nivel nacional”.

Al respecto, Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, denunció en una conferencia de prensa del pasado 15 de julio que el Reglamento para Declarar la Alerta de Violencia de Género permite irregularidades que obstaculizan la justicia para las mujeres.

“El Reglamento ha sido el obstáculo que ha puesto el Gobierno para no cumplimentar, para no hacer efectiva la alerta de género […] desde el 2008 han dedicado el dinero público a obstaculizar que exista un mecanismo de alerta de género”, dijo.

Por su parte, Rosalba Vázquez, académica que también formó parte del grupo de trabajo, calificó de insuficiente el tiempo para investigar la violencia feminicida en el estado, así como para discutir las recomendaciones apropiadas.

“Son 30 días (para investigar y discutir), pero yo creo que nos reunimos en efectivo ocho días: ocho días que tuvimos un trabajo real, que estuvimos en las entrevistas, en la investigación, en las instancias de atención para las mujeres”, señaló.

A fin de darle seguimiento durante los siguientes seis meses a las recomendaciones emitidas al gobierno de Guanajuato, se formará un frente de vigilancia conformado por organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el Grupo de Mujeres de San Cristóbal, Centro Las Libres, y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

MÁRQUEZ RECHAZA TRABAJAR CON ONG

El Gobernador Miguel Márquez Márquez rechazó toda posibilidad de trabajar con el organismo civil Las Libres para revisar cada uno de los casos de feminicidio que se han presentado en la entidad.

Las Libres han investigado y denunciado decenas de casos de asesinatos de género en esa entidad y también han colaborado para hacer visibles abusos de la autoridad local en los procesos legales interpuestos por mujeres, ya sea por maltrato, violaciones e intentos de asesinato.

Sin embargo, en entrevista con Zona Franca, el mandatario panista afirmó que su trabajo responde a las instituciones y por lo tanto no planea trabajar en conjunto con la directora de la organización civil.

“Yo respeto el trabajo de todas las organizaciones que suman precisamente al esfuerzo que hace el Estado. Jamás las rechazaría. Jamás diría que no a su trabajo, pero en este caso  la respuesta es de carácter institucional y es muy claro […] insisto, yo respeto las opiniones que puedan verter y que puedan hacer, pero al final del día esto está dentro del tema institucional y aquí todo suma. Y habremos de dar respuesta y seguimiento a todos los programas que estamos llevando ya. En ese sentido a trabajar todos. Es una tarea de todos”, indicó Márquez el pasado 15 de julio.

En respuesta, Las Libres, dirigida por Verónica Cruz Sánchez, señaló que “no está a discusión” el incluirlas en la mesa de análisis. “Es una recomendación y se tiene que acatar”, enfatizó.

Durante la sección Mesa Política que se transmite una entrevista con Zona Franca, la activista, quién encabezó la solicitud de Alerta por Violencia de Género ante el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), sentenció que es una obligación del estado el garantizar la participación ciudadana en todos los frentes.

“No está a discusión si se quiere sentar o no se quiere sentar con nosotras, puede ser que él no quiera, pero no tiene opción. Primero porque dice que él está para las instituciones, no, las instituciones están para la sociedad, y nosotras somos parte de la sociedad, con un paso adelante, somos sociedad organizada… y también somos mujeres y somos guanajuatenses”, dijo.

“El hecho de ofrecer nuestras manos, nuestra cabeza, nuestra experiencia de decirle al gobierno: ‘te queremos ayudar, para que lo hagas bien’, además es la ganancia del gobierno, quien nos necesita para que le validemos lo que tiene que hacer, somos Las Libres” sentenció.

La negativa de Márquez Márquez es contrario a la quinta recomendación del informe hecho por el grupo de trabajo que investigó la violencia de género de la entidad, y que expuso la necesidad de crear una instancia de seguimiento de la violencia feminicida en la que participen miembros de organizaciones civiles que trabajen en el tema, además de autoridades estatales y los familiares de las víctimas.